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¿Adiós al anonimato en las criptos? Descubre el giro regulatorio en Perú

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El panorama regulatorio para las criptomonedas en Perú ha dado un importante giro este 27 de julio con la publicación de un nuevo Decreto Supremo emanado de la Presidencia del país.


En dicho decreto (al cual podés acceder a través del siguiente vínculo: Nº 006-2023-JUS), se establece la obligatoriedad para los exchanges de criptomonedas que operan en territorio peruano de cumplir con normas antilavado de dinero, en línea con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La nueva normativa busca fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el sector de criptoactivos.

A partir de la entrada en vigencia de esta medida, los proveedores de servicios con activos virtuales deberán proporcionar información relevante a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), entidad encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información relacionada con posibles actividades ilícitas.

Decreto Supremo que amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF - PERÚ.
Decreto Supremo que amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF - PERÚ.

 

Tabla de contenidos

 

Hechos clave
  • Exchanges de criptomonedas en Perú deben cumplir normas antilavado según nuevo Decreto Supremo.
  • Normativa entra en vigencia desde el 27 de julio, obligando a proveedores de servicios con activos virtuales a ofrecer información a la UIF-Perú.
  • La norma define a los "Proveedores de Servicios de Activos Virtuales" y enumera actividades específicas contempladas.
  • El objetivo es abordar preocupaciones relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo vinculadas a operaciones con criptomonedas.
  • Las plataformas de criptomonedas deberán implementar normas KYC y se esperan lineamientos más específicos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El alcance de la nueva normativa

La norma define a los «Proveedores de Servicios de Activos Virtuales» como aquellos individuos o empresas, personas físicas o jurídicas, domiciliadas o constituidas en el país, que no se encuentren contemplados en otras recomendaciones previas emitidas por el GAFI. Además, se enumeran específicamente las actividades que se considerarán dentro de esta categoría:

  1. Intercambio entre activos virtuales y monedas fíat o de curso legal.
  2. Intercambio entre diferentes formas de activos virtuales.
  3. Transferencia de activos virtuales.
  4. Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre ellos.
  5. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual.

De acuerdo con el decreto presidencial, el objetivo principal es asegurar el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI por parte de los exchanges de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

Entre estas recomendaciones, se destaca la conocida como «regla de viaje», la cual busca prevenir el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo asociado a operaciones con criptomonedas.

Aplicación de normas KYC y más medidas por venir

Con la entrada en vigor de esta normativa, las plataformas de criptomonedas deberán tomar medidas adicionales para cumplir con las regulaciones antilavado.

Una de las principales acciones a implementar será la aplicación de normas KYC (conoce tu cliente), mediante la recopilación y compartición de datos de sus usuarios.

La implementación de las normas KYC es una práctica común en el sector financiero tradicional, que busca identificar plenamente a los clientes y conocer la naturaleza y origen de los fondos que se manejan en sus plataformas.

Ahora, estas mismas medidas se extenderán al ecosistema de criptomonedas en Perú, buscando así fortalecer los mecanismos de prevención y detección de actividades ilícitas.

Se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera emita en los próximos días lineamientos más específicos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los exchanges de criptomonedas que operan en el país.

Estos lineamientos complementarán la normativa establecida en el Decreto Supremo y brindarán mayor claridad a los actores involucrados en el sector.

El contexto regulatorio en Perú

La publicación de este decreto se da en un contexto en el cual las autoridades peruanas han expresado su interés en regular de manera más rigurosa el ecosistema de criptomonedas en el país, similar a lo ocurrido en Bolivia.

En junio, la Comisión de Economía del Congreso aprobó una propuesta presentada por el congresista José Luis Elías Ávalos, que busca establecer un marco normativo para el uso de criptoactivos en Perú.

Sin embargo, este proyecto de ley ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de algunos miembros del sector. La Asociación Blockchain & DLT de Perú (ABPE), una comunidad que promueve la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas en el país, ha manifestado su descontento al afirmar que la propuesta fue elaborada sin contar con su participación y sin considerar las necesidades y opiniones de la comunidad peruana interesada en las criptomonedas.

Ante estas inquietudes, la ABPE ha solicitado al Congreso la apertura de un debate más amplio e inclusivo, que permita a los representantes del ecosistema de criptoactivos en Perú expresar sus puntos de vista y aportar a la construcción de un marco regulatorio que sea equitativo y beneficioso para todos los actores involucrados.

El futuro de las criptomonedas en Perú

El Decreto Supremo emitido por la Presidencia del Perú este 27 de julio marca un importante hito en la regulación de las criptomonedas en el país andino.

Al incluir a los exchanges de criptoactivos en el grupo de entidades obligadas a cumplir normas antilavado de dinero, se busca fortalecer la prevención de actividades ilícitas y mejorar la seguridad y transparencia en el ecosistema.

La aplicación de normas KYC y la esperada emisión de lineamientos específicos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera representan un paso adelante hacia un mayor control y vigilancia en el uso de criptomonedas en Perú. Sin embargo, también han surgido voces críticas que piden una mayor inclusión de la comunidad en el proceso de regulación.

El futuro regulatorio de las criptomonedas en Perú aún está en desarrollo, y será fundamental encontrar un equilibrio entre la protección contra actividades ilícitas y la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector.

En este contexto, el diálogo y la colaboración entre el Gobierno, la industria y la comunidad interesada serán clave para definir un marco normativo que impulse el crecimiento responsable y sostenible del uso de criptoactivos en el país.


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